La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional declarar exequible el Decreto Ley 891 de 2017 sobre la restitución de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, desvinculados de las FARC-EP, en virtud del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.

El ente de control avaló la inclusión de un parágrafo para que cuando cumplan los 18 años, situación que deberá ser verificada por la Registraduría Nacional del Estado  Civil, puedan “permanecer en los lugares transitorios de acogida hasta cuando se vinculen a la oferta institucional dispuesta para ellas, de conformidad con el Programa Camino Diferencial de Vida”.

La Procuraduría General de la Nación el Decreto hizo la solicitud para que aquellos a los que se les haya presumido su minoría de edad en el momento de la desvinculación, continúen beneficiándose del programa Camino Diferencial de Vida, dirigido por el ICBF.

Con esta medida se vela por los derechos de quienes a pesar de haber cruzado los 18 años de edad, ostentan la condición de víctimas del reclutamiento forzado, de la cual surge el derecho a la reparación integral.

Finalmente, aseguró la Entidad que el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, en este caso del reclutamiento ilegal, resulta urgente.